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    Inicio > Historias > Oyendo campanas (a cuenta de la sentencia de "El Jueves")
    Oyendo campanas (a cuenta de la sentencia de "El Jueves") 2007-11-14

    Tres meses, casi cuatro, después de que saltara todo el follón de la portada de la revista El Jueves, se ha dictado sentencia respecto del asunto. A grandes rasgos, el fallo aplica el artículo 491.1 del Código Penal y condena a los dos acusados al pago de una multa de 3.000 euros, la mitad de lo que había solicitado el fiscal tras modificar su petición de pena y elevarla al máximo posible (6.000 euros) esta mañana, en lugar de los 3.600 que reclamaba inicialmente. El juez, que ha adelantado el fallo al final de la vista oral, que se ha celebrado hoy, ha considerado que tanto el dibujo como el texto de la viñeta realizada por el dibujante Guillermo Torres y el guionista Manel Fontdevilla es "objetivamente injurioso".

    No voy a repetir lo que ya planteé en su momento –y que se puede consultar justo aquí-. La resolución (contra la que caben recursos) volverá a traer a la palestra un tema que ya estaba bastante olvidado (el homo mediaticus es así) y volveremos a escuchar los argumentos de siempre: por un lado, que si es un injustificable ataque a la libertad de expresión, por otro que es una falta de respeto que, sean los príncipes, sea cualquier hijo de vecino, a nadie le gustaría verse retratado de aquella guista… en fin, lo de siempre. Eso sí, me gustaría reseñar la reacción de Reporteros Sin Fronteras que, hecha con la mejor intención, resulta jurídicamente desafortunada. Dice el diario Edmundo:

    Tras analizar esta resolución, el secretario general de Reporteros sin Fronteras en España, Rafael Jiménez Claudín, considera necesario que el Tribunal Supremo dicte jurisprudencia que establezca los límites de la crítica al Rey, distinguiendo entre las funciones oficiales y privadas del Monarca y de la Familia Real. La polémica viñeta, publicada el 20 de julio pasado, llevó al secuestro de la publicación.

    Apunta mal, el señor Jiménez Claudín, porque no es al Tribunal Supremo a donde tiene que dirigirse, sino al poder legislativo. Para explicarnos, los Jueces han interpretado una norma contenida en el Código Penal, ley orgánica aprobada a principios de 1996 por las Cortes Generales. Ha entrado en su interpretación –del Juez de Instrucción y del Juez de lo Penal, que no son la misma persona- que la portada de la discordia encaja en la acción descrita en el Art. 491.1 del Código Penal. Las sentencias suponen la interpretación y consecuente aplicación de normas preexistentes que, en el ámbito del Derecho Penal, provienen única y exclusivamente del poder legislativo; las normas penales sólo pueden estar contenidas en las leyes (entendidas como las fuentes jurídicas emanadas del parlamento); además, no vale cualquier ley sino que, al tratarse de preceptos que van a limitar derechos fundamentales, tienen que ser leyes orgánicas, esto es, aquéllas aprobadas con mayorías cualificadas. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo (y en determinados asuntos, de los Tribunales Superiores de Justicia o las Audiencias Provinciales) complementa al conjunto de normas vigentes, pero no forma parte de él. ¿Cuál es la consecuencia de todo ello? Que, al contrario de lo que puede uno contemplar en el Derecho anglosajón (donde la jurisprudencia, esto es, las sentencias de los tribunales sí tienen valor normativo porque rige la doctrina del precedente vinculante), nuestros Jueces y Tribunales no crean normas, sino que las aplican, de modo y manera que la resolución planteada por un órgano judicial a un asunto, no tiene porqué obligar automáticamente a todos los demás a resolver de igual manera cuestiones análogas. Así pues, aunque las sentencias del Tribunal Supremo tienen un peso específico fundamental a la hora de interpretar judicialmente las normas, no son vinculantes y además, no es su función la de marcar los límites del derecho a la libertad de información. En todo caso, dado que hablamos de un derecho fundamental, tendría que ser el Tribunal Constitucional, cuyas resoluciones sí son vinculantes, es el supremo intérprete de la Constitución y opera como legislador negativo, en el sentido de plantear si las normas son o no conformes con la carta magna. Al hilo de esto…

    Jiménez ha afirmado que su organización es partidaria, además, de que haya una legislación unificada en toda la Unión Europea, a fin de que no pueda perseguirse a un periodista o un caricaturista en un país por algo que está permitido en otro.

    Como planteamiento hipotético es muy bonito, pero mucho me temo que podríamos esperar sentados a que esto se produjera. La legislación penal es algo sobre lo que no se ha planteado armonización alguna y, siendo como es uno de los rasgos distintivos de la independencia y la autonomía estatales, habrá mucha tela que cortar. Pero dado que estamos hablando de un derecho fundamental, ahí está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que en su momento se puede acudir… pero a día de hoy, si a alguien hay que pedirle algo, es a quien tiene la facultad de modificar el ordenamiento vigente.

    En la medida en que esta sentencia –y todas- provienen del poder judicial, es fácil echar las culpas y cargar contra sus componentes, cuando en realidad habría que plantearse y preguntarse por la fundamentación jurídica de la resolución: tenemos ese pronunciamiento porque existe una norma de Derecho Positivo que era aplicable al caso. ¿Por qué en el Código Penal de 1996 se mantuvo esa regla? ¿Debería mantenerse una norma específica que tipifique las injurias al Jefe del Estado o a la familia real? Eso sí, su desaparición no implicaría que casos como el de la portada del Jueves no pudieran ser perseguibles, por cuanto sigue existiendo un delito de injurias donde la gravedad aparece graduada por el impacto público del hecho y la condición de la persona presuntamente injuriada. Y si no fuera delictivo sí sería ilícito civil, reconducible a la Ley Orgánica 7/1982 de protección del derecho al honor, e indemnizable. Pero todas estas cuestiones corresponde decidirlas al poder legislativo. Y es allí a donde hay que dirigirse para plantear cambios en el ordenamiento vigente. Bien votando, bien haciendo oír su opinión o bien mediante la iniciativa legislativa popular. Que para eso están.

    Enviado por lcapote a las 21:58 | 2 Comentarios | Enlace


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    Comentarios

    1
    De: Eduardo Fecha: 2007-11-15 20:10

    Al margen de la sentencia esa, devo decir que felicito al autor del comentario. Y de otros anteriores en materias jurídicas. En este blog, por primera vez he logrado comprender ese lenguaje de ese gremio. A los abogados que conozco cuando se entusiasman con estas cosas, siempre debo pedirles que aterricen y traduzcan para los simples mortales. Gracias.
    Saludos cordiales



    2
    De: Eduardo Fecha: 2007-11-15 20:12

    Errata: donde pone "devo", debe figurar: "debo". Mis disculpas por el resbalón de tecla.
    Saludos cordiales



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