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    Inicio > Historias > Paranoias constitucionales 7.1: Si yo fuera Presidente
    Paranoias constitucionales 7.1: Si yo fuera Presidente 2007-11-25

    Otros dos domingos y aquel diario de cuyo nombre no quiero acordarme, publica una nueva entrega de los delirios nazionanistas de maese Cubillo, en la forma de antiproyecto in-constitucional. Hoy toca tratar la Jefatura del Estado, así que agárrense, que vienen curvas:

    Art. 101) .- Del poder Ejecutivo. Del presidente de la República. Para ser presidente de la República Federal hacen falta las siguientes condiciones

    a) Ser ciudadano o ciudadana, hijo/a de padre o madre canarios, nacido/a en Canarias, de estado seglar y estar empadronado en cualquier isla con un mínimo de cuatro años antes de la elección a presidente y estar en el censo electoral.

    Una curiosidad. ¿Por qué lo de estado seglar? Después de todo, si el chiringuito que se está montado es laico, tanto da que uno pueda ser sacerdote, ministro, cura… En un estado democrático ¿qué justificación podría haber para discriminar a alguien por su profesión? Ah, pero es que esto que se está diseñando, de democrático, ya saben ustedes lo que hay.

    Curiosidades aparte, el cúmulo de requisitos previos también merece ser tomado en consideración: a la ciudadanía canaria vigente ha de sumarse la obtención de la misma por ius sanguinis (por herencia paterna o materna) y por ius soli (por haber nacido en territorio canario). Total, que en principio, para poder acceder a la Presidencia habría que haber nacido aquí, de padre o madre canarios y tener la nacionalidad canaria. Lo último es algo de libro, pero el cúmulo de requisitos posteriores tiene una explicación histórica: en la constitución estadounidense, también se establece igualmente la exigencia de haber nacido dentro del territorio, para poder concurrir a las presidenciales (por tal motivo, Schwarzenegger no pasará de Gobernador de California, por mucho que se empeñe); pero esa limitación tenía justificación cuando la Unión estaba recién fundada y compuesta por los trece estados primitivos; no interesaba que la más alta magistratura recayera en un nativo de otro país, especialmente del Reino Unido, contra el que se acababa de desarrollar una guerra para obtener la independencia. El problema es que esa razón tenía sentido hace doscientos años, y ahora, por la aplicación literal de esa limitación, se da la paradoja de que una persona nacida de padres estadounidenses, que por pura casualidad del destino vea la luz durante unas vacaciones en el extranjero, ya puede despedirse de ser el nuevo JFK. ¿Es justificable a día de hoy una limitación de esas características? Yo pienso que no. No existe el conflicto entre España y Canarias (sólo en la cabeza de don Antonio y sus adláteres) y además, supondría en la práctica la exclusión de los descendientes en primer grado de los canarios que tuvieron que emigrar. Una vez más, se establece una barrera entre la gente, creando categorías en base a quienes tienen unos derechos políticos y quienes carecen de ellos.

    b) Tener como mínimo 40 años.

    ¿Por algo en particular? Estos límites de edad, más propios de las constituciones liberales decimonónicas, no aparecen justificados por ninguna parte. Como se ha visto en entregas previas, hay que peinar bastantes canas para poder acceder a las distintas magistraturas, y aunque la experiencia pueda ser un grado, poco sentido tiene excluir a una parte de la población que, sólo por lo que avanzan el conocimiento y la técnica, puede tener un nivel de preparación más acorde con los tiempos que corren. Pero claro, que leyendo estas y las otras normas implantadoras de mínimos de edad, uno tiene la sospecha de que lo que busca don Antonio es crear un monopolio de cargos para él, los de su quinta y los procedentes de otros estratos geológicos aledaños.

    c) No ser presidente o directivo de ninguna sociedad mercantil establecida en la República dos años antes de ser candidato.

    Regulación inútil, por cuanto no se plantea la limitación para quien ostente un paquete mayoritario de acciones o participaciones, que es quien suele cortar el bacalao. Dejando aparte que el Derecho Societario tiene mil y un caminos para poder dejar sin efecto práctico esta norma, supondría la prohibición de acceso a la jefatura de todas aquellas personas que hayan desarrollados sociedades unipersonales. Es comprensible (por una vez) la intención: que alguien que tiene un emporio comercial importante, no acabe accediendo a la Jefatura para beneficiar sus negocios privados con la cosa pública, pero existen formas más útiles y conformes a Derecho, vinculadas a las normas en materia de competencia e incompatibilidades.

    d) No tener antecedentes penales y demostrar que no ha luchado contra el derecho a la independencia en tiempos de la colonia.

    Lo primero tiene un pase, pero lo segundo es demasiado abierto como para no preocuparse: ¿qué hay que entender como ausencia de lucha contra la independencia? ¿El desempeño de cargos públicos a nivel estatal, autonómico, insular o local? ¿La pertenencia a partidos políticos cuyo ámbito no fuera estrictamente archipielágico? Es curioso que, siendo tan detallista en otras cosas, don Antonio establezca una fórmula tan genérica en un punto tan importante, como es el de la restricción de derechos. Pero como ya se ha visto que las libertades públicas serían profundamente recortadas en base a la regla de “los que no están conmigo, que se preparen”, aquí tenemos un poco más de lo mismo: Presidente del Bananato será aquel que micer Cubillo decida, porque poca elección podrá hacer la ciudadanía si de antemano cerramos la espita de los que puedan presentarse.

    e) No tener intereses ni relaciones comerciales con cualquier empresa o sociedad mercantil de la antigua metrópoli en los cuatro años antes de ser candidato.

    ¿En cualquier otro país sí? La xenofobia no parece tener límites en este caballero.

    f) No haber ejercido cargo militar o administrativo superior durante la ocupación colonial en el ejército de la antigua metrópoli.

    Ah, aquí tenemos lo que se planteaba en el apartado “d”. ¿En virtud de qué justificación se deja fuera a quienes desempeñaron unos cargos obtenidos o elegidos en el marco de un Estado de Derecho? Una regla básica de cualquier democracia es la imposibilidad de establecer castigos a posteriori a comportamientos que previamente eran válidos. No se pueden restringir los derechos de personas que, simplemente, desarrollaron una función conforme al ordenamiento vigente que, mal que pese a don Antonio, es el de una democracia auténtica, con sus virtudes y sus defectos, y que en virtud de los derechos y libertades que reconoce, le permite cantar sus paridas pseudojurídicas cada dos semanas, cosa que, a la vista de lo que él mismo a escrito, no podrían –podríamos- hacer sus críticos si él llegara a ser califa en lugar del califa.

    g) No pertenecer a ningún cuerpo militar de la República Federal Canaria ni a la Guardia Federal Republicana.

    Lógico sería pensar que quien ostenta cargo de autoridad militar tenga limitado del acceso a la magistratura (aunque sólo sea por las experiencias del otro lado de la charca) pero ¿ni un soldado raso? ¿ni un cabo furriel? ¿Ni siquiera el Cabo Primero Anastasio López, que fue Ministro de Educación y Cultura en la República de Feudalia?

    h) No puede ejercer funciones o cargos religiosos de cualquier religión, cuatro años antes de las elecciones.

    Y si se le exige la condición de seglar ¿A qué viene esta cuestión? Puede ser que se imponga el requisito de colgar los hábitos unos cuatro años antes, pero también cabe la posibilidad de que personas seglares desarrollen funciones de corte religioso. ¿Supone que también están excluidos? Parece que el concepto de laicidad del Estado no acaba de estar del todo claro: tal declaración supone que la religión queda constreñida al ámbito privado de la persona, sin que públicamente pueda plantearse la institución o la simpatía hacia una determinada religión; lo que contiene este antiproyecto es más bien una mezcla extraña entre control público de las confesiones (todos los cargos han de ser de nacionalidad canaria) y limitación de los derechos de quienes militen activamente en ellas.

    i) Tiene que presentar el acta notarial correspondiente donde ha renunciado a la nacionalidad española en el año de la independencia.

    No en el año siguiente, ni en el posterior, sino precisamente en el año de la independencia. No está de más recordar que se impone la renuncia, si uno quiere ser ciudadano de pleno derecho, pero si uno no se apresura a dar fe de su canariedad y anti-españolidad, ya queda vetado para presentarse a las presidenciales. De todas maneras ¿no era menester tener ese acta de renuncia para poder optar a la ciudadanía plena? ¿Y no se exige la nacionalidad para poder optar a la Presidencia? ¿No es un poco redundante este requisito.

    j) Si tuviera doble nacionalidad, debe renunciar a la segunda para presentarse al cargo de presidente, seis meses antes de presentar su candidatura.

    Aquí tenemos de nuevo, otra muestra de incultura jurídica. La doble nacionalidad no implica que ambas estén activas a un tiempo. Todo lo contrario, cuando una está siendo utilizada, la otra permanece en suspenso. De otra forma, imaginen ustedes: hacer la mili en dos países, pagar impuestos en dos países (aunque sobre esto hay otras reglas) y poder concurrir a las elecciones en dos países o votar en las mismas. Así pues, una persona que tenga doble nacionalidad (canaria y cualquier otra) sólo podría optar como candidata si está en ejercicio de la ciudadanía archipielágica. No es necesario obligarle a renunciar a la que está inactiva. Salvo que se piense que quienes tienen reconocía ciudadanía en dos (o más) estados sean potenciales traidores, con lo cual saldríamos del plano constitucional y entraríamos en el del delirio paranoide.

    Art. 106).- De acuerdo con el Art. 9) de la Constitución, el presidente y vicepresidente nunca podrán ser reelegidos por otro periodo de cuatro años. Solo podrán representarse por según y última vez si hubieran dejado pasar el plazo de dos elecciones.

    Aquí, parece que a don Antonio le han escocido bastante las acusaciones de querer proclamarse dictador, y se ha apresurado a establecer una limitación de mandatos un poco rara. Para empezar, se barrunta un sistema electoral a la estadounidense, con dúo de aspirantes a la presidencia y a la vicepresidencia, pero en lugar de establecer la limitación de dos mandatos consecutivos, ha decidido que sólo podrán concurrir al segundo mandato si han pasado otros dos por en medio. Eso sí, tampoco queda muy claro qué pasaría si, de repente, se invirtieran los papeles y el Presidente pasara a la Vicepresidencia y viceversa. Como quiera que las restricciones deben interpretarse literalmente, habría que concluir que, siempre y cuando no haya repetición de personas y de cargos, podría producirse esa repetición. Trucos similares se han visto en el pasado, como en la Nicaragua de la familia Somoza, que gobernó en la sombra, con el apoyo de las tropas estadounidenses y tras la fachada de unos cuantos presidentes de paja.

    Enviado por lcapote a las 14:20 | 0 Comentarios | Enlace


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