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    Inicio > Historias > Paranoias constitucionales 7.2: Potencia (presidencial) sin control
    Paranoias constitucionales 7.2: Potencia (presidencial) sin control 2007-11-25

    Qué competencias ostentará el Presidente del Bananato? Pues según el artículo siguiente, todas las habidas y por haber:

    Art. 107).- Al presidente de la República, actuando con el Consejo de Ministros, le corresponde por ley:

    1) El mando superior de las Milicias Canarias, nombramiento de cargos y mandos de las mismas. El presidente es el único que controla y dirige las Milicias, las cuales estarán siempre bajo su mando directo.

    Es curioso que, impidiéndose a los militares de carrera el ostentar la Presidencia, la jefatura suprema de las fuerzas armadas quede en manos del Jefe de Estado. Cierto es, que esa regla es la habitual y que en cualquier democracia, el poder militar esté supeditado a las decisiones del civil, pero harina de otro costal es que las operaciones del ejército sean dirigidas en el sentido de nombrar, no sólo a la cúpula, sino también a la oficialía, y también colocándose como jefe supremo, no sólo sobre el papel, sino también en la práctica. Fíjense ustedes que en España, a día de hoy, se plantea si debería mantenerse el papel del Juancar como Jefe de las Fuerzas Armadas (que es más nominal que otra cosa, aunque cuando el 23-F resultó fundamental), y eso que el proceso educativo del Rey incluyó la formación militar. ¿No resulta un tanto sospechoso que el Presidente no sólo controle al ejército de forma directa, sino que además, y sin referencia a criterios objetivos algunos, pueda establecer una cúpula militar a su medida? Decía Sainz Rodríguez que una forma de dar un golpe de Estado era estar siempre al tanto de las novedades en las escaletas en los mandos. Y aparte, viendo los conocimientos en la materia de los que hace gala don Antonio, habría que preguntarse en qué manos quedaríamos, y si ese ejército estaría más interesado en la defensa cara al exterior o en la opresión cara al interior. Un ejemplo que me ha venido a la mente (no sé porqué) ha sido el de la Alemania hitleriana, donde el Adolfo concentró en sus manos las operaciones militares y demostró porqué nunca pasó de cabo furriel.

    2) Conservación del orden y seguridad en todo el territorio así como velar por la seguridad exterior.

    3) El mando y organización de los Servicios Secretos interiores y exteriores.

    4) El mando superior de todas las fuerzas armadas y de policía federal o Guardia Republicana Federal.

    En estos tres puntos se concreta el control del resto de los cuerpos armados del Estado, que quedan concentrados en un solo par de manitas. La jefatura no es sólo nominal, como tampoco pasa en el caso de los militares, sino que se intuye efectivo. ¿Dónde están los controles, en lo referente a los servicios secretos? ¿Implica esto que habrá una policía política? Total, si las libertades van a estar tan restringidas, sería el paso lógico, dentro del razonamiento chiflado al que obedece este antiproyecto, pero en conclusión, si también las fuerzas del orden quedan bajo el control del Presi, todo cuerpo armado quedará a sus órdenes directas. Escalofriante.

    8) Nombrar o retirar al primer ministro o a los otros ministros al perder su confianza.

    Como alguien apuntó en su momento, el Primer Ministro no es más que una especie de figura decorativa, al servicio de un Presidente que reúne en sí todos los poderes. Resulta revelador que, también en este punto, micer Cubillo haya copiado el modus operandi de Franco, que reunió en sí mismo las condiciones de jefe de estado y de gobierno, hasta que, aburrido por las continuas presiones de ciertos sectores, se sacó de la manga una ley en la que, básicamente, nombraría Presidente del Gobierno cuando le diera la gana, y tendría las facultades que le diera la gana, en previsión de ausencia suya. Obviamente, cuando al general empezó a darle la lagartijera, el puesto cobró interés pero aquí, con un Vicepresidente de por medio ¿tiene sentido alguno esta figura, cuya función es simplemente la de estar a la orden del que manda?

    9) Proponer a la A.N.L. proyectos de ley para su estudio y votación.

    10) Proponer al Senado proyectos de ley para su estudio en las materias de su competencia.

    11) Devolver a la A.N.L. las leyes votadas y aprobadas con sus sugerencias, y modificaciones así como solicitar si es posible, aclaraciones o posibles modificaciones o mejoras que considere dignas de atención.

    Con estos tres apartados, el Presidente parece tener bajo su control la función legislativa, por cuanto propone, dispone, modifica y –ejem- “mejora” lo que en principio ha recibido la bendición de la cámara. Si además tenemos en cuenta que, en tanto que cabeza del ejecutivo, es el que hace cumplir las leyes, mucho me temo que ese parlamento no sería muy distinto de otras cortes que, en palabras de Amando de Miguel, ejercieron el papel de órgano de resonancia de las disposiciones e imposiciones del tirano de turno. Esta norma viene a ratificar las sensaciones que ya producía el antiproyecto en sus primeros fascistículos: que lo que quería montarse es una república presidencialista de tintes dictatoriales, mal disimulados tras un barniz democrático que no engaña a nadie con un mínimo de conocimientos jurídicos.


    15) Designar al fiscal general de la República y solicitar la venia de la A.N.L., otorgada siempre por tres quintos del voto total de los componentes. No se necesitará venia para nombrar a los otros fiscales de la República.

    Otro poder a la saca: el nombramiento del Fiscal General, responsable del Ministerio Público, que contará con la venia de la cámara legislativa; pero de rondón, se cuela también que en realidad, todos los fiscales serán nombrados por el Presidente, por el procedimiento digital, sin el control de nadie. Si tenemos en cuenta cuál es la función de este ministerio en el ámbito de la Justicia, concluyan ustedes que el jefe del cotarro tendrá bajo su control fáctico la dirección de la acción judicial, principalmente en el plano penal. Y en este punto, llama nuevamente la atención, al brillar por su ausencia, de unos preceptos que, en este engendro, determinen las garantías básicas a la hora de un proceso o principios tan importantes como la inviolabilidad del domicilio o de las comunicaciones. Seguro que más adelante saldrá, en un nuevo fascistículo, algo que se le parezca, pero imagino que los derechos personales estarán completamente supeditados a los intereses de “la patria” (que como ustedes bien saben, es el refugio último de los golfos).

    Mas no acaba aquí la cosa. No se vayan todavía, que todavía quedan más potestades al servicio del califa de turno:

    Art. 108).- Otros poderes del Ejecutivo. Además de los poderes citado en el art. 107), corresponde al presidente:

    b) Proveer los empleos superiores civiles y militares, conforme a la Constitución y a las leyes, necesitando, para el nombramiento de los oficiales superiores, la venia de la A.N.L., o en receso, la de la Comisión Permanente.

    No queda claro tampoco dónde está el límite entre oficialía superior y empleo superior, pero habida cuenta de que sólo en el primer caso hay un control por parte del legislativo, el Presidente de turno podrá también configurar unas administraciones a su gusto y, consecuentemente, adictas. Si asumimos la regla lógica de que a partir de los cargos inferiores salen los que ocuparán los superiores, indirectamente, aunque haya control por parte de la cámara, los que están al frente de cada departamento también serán del gusto del Jefe del Estado.

    g) Tomar las medidas necesarias de seguridad y defensa en los casos graves o imprevistos o de ataque contra el territorio nacional, dando cuenta, dentro de las cuarenta y ocho horas, a la A.N.L. y al Senado, de lo ejecutado y sus motivos.

    Aquí parece que se introducen, aunque no se llamen así, los estados de alarma, excepción y sitio, en los que, por causas de fuerza mayor, pueden restringirse temporalmente determinados derechos fundamentales. La Constitución de 1978 recoge esas posibilidades, que aparecen desarrolladas en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que desarrolla quién y bajo qué presupuestos se pueden declarar tales cuestiones. Ahora bien, tanto en la carga magna como en la norma que la desarrolla, se establecen restricciones a esas medidas (no todos los derechos son restringibles) y a su vigencia (decaen en cuanto pasa la motivación que las hace necesarias); por el contrario, el antiproyecto da carta blanca al ejecutivo para que, sobre el concepto genérico e interpretable de casos graves o imprevistos (lo que implica que no tienen que ser necesariamente de importancia), tome las medidas necesarias (otro término sin acotar, donde entran demasiadas cosas). Sin un desarrollo ulterior, queda tanto como decir que, cuando lo considere oportuno, el Presidente podrá hacer lo que le dé la gana con el ordenamiento jurídico.

    Ante tanta acumulación de poderes, cabe preguntarse si existe algún elemento de control por parte del legislativo, cuestión que aparece más o menos contestada en el siguiente precepto:

    Art. 110).- De las relaciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. 1).- La A.N.L. podrá juzgar la gestión del Consejo de Ministros o de un ministro en particular, proponiendo que la Asamblea censure sus actos de gobierno o administración. Para ello se tendrá que presentar una moción especial de censura formada por la mitad más uno de los diputados y solicitar que se establezca un plazo de setenta y dos horas (72 hrs.) para resolver. Su resolución positiva o negativa será enviada al ciudadano presidente para su conocimiento y resolución. En dichos casos, las reuniones de la A.N.L. podrán ser públicas o secretas, según se decida. La desaprobación de la A.N.L. acordada por la mayoría citada determinará la renuncia del ministro o del Consejo de Ministros, según los casos. En el caso de la censura al Consejo de Ministros, antes de tomar una decisión definitiva, el presidente llamará a consulta a todos los jefes de los partidos presentes en la Asamblea así como a los treinta y cinco miembros elegidos por siete Repúblicas y los cinco restantes designados como señala el Art. 11 de la Constitución y tomará una decisión definitiva, que puede ser en dicho caso, la formación de un nuevo Gobierno con el cese del Consejo de Ministros censurado.

    Fíjense ustedes que la cámara puede controlar a los ministros individualmente considerados o al consejo que los reúne, pero no al Presidente de la República, que no sólo no está sometido al mismo sino que, incomprensiblemente, forma parte de la resolución. Para empezar, la propuesta de moción de censura ha de venir refrendada por mayoría absoluta de los componentes de la cámara, pero es el Jefe del Estado el que decide si ha lugar o no a la censura de sus ministros. Consecuentemente, el pretendido control del ejecutivo por parte del legislativo queda en nada. Otro precepto más de los que intentan crear una ficción de democracia que tampoco engaña a nadie. Porque vamos a ver: si los ministros son elegidos por el Presidente por el procedimiento digital ¿en qué cabeza cabe que puedan aquéllos ser sometidos a moción de censura, pero no éste? Y como sucede tantas veces, si el problema lo es de actuación, incompetencia o pura inutilidad del ministro de turno ¿dónde acaba su responsabilidad y empieza la del que lo puso en el cargo? Visto lo visto, sólo puede concluirse que también la cámara está sometida, en la práctica, a los designios del Jefe del Estado.

    Hasta aquí, lo que propone don Antonio para Canarias es una república presidencialista, con un poder legislativo supeditado por completo a los designios de un Jefe de Estado que reúne bajo su trono a todas las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad, al ministerio fiscal y a los servicios secretos; que no está sometido a control alguno y que podrá limitar los derechos y libertades cuando lo estime oportuno. A nivel personal, pocas dudas me quedan de lo que tendríamos en el hipotético caso de que este engendro llegara a convertirse en Derecho positivo: una tiranía.

    Enviado por lcapote a las 16:23 | 0 Comentarios | Enlace


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