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    Inicio > Historias > Paranoias constitucionales 8. Más de lo mismo
    Paranoias constitucionales 8. Más de lo mismo 2007-12-09

    Otros quince días y ¡hop! nuestro adalid de la caspa constitucional nos deleita con más entregas de su engendro. En esta ocasión, se hace referencia (así en plan batiburrillo) a las cuestiones de Derecho Internacional Público (suscripción y ratificación de tratados) y a otras, mezcladas en un batiburrillo un tanto desconcertante. La verdad es que no hay nada nuevo bajo el sol:

    Art. 122).- Todos los acuerdos suscritos por España, que afecten a nuestra República y su territorio, son nulos de pleno derecho desde el día de la Independencia. Los acuerdos comerciales o monetarios que afecten a Canarias son nulos y deberán ser revisados y firmados otros nuevos con las partes que estén interesadas. No se firmarán acuerdos militares con ningún Pacto Internacional como la OTAN ni otros que afecten al principio de Neutralidad Positiva de la Nación. Con los países vecinos africanos podrán firmarse pactos de amistad, respeto de fronteras y no agresión, si han sido suscritos y aprobados por las Asambleas Nacionales Legislativas respectivas.

    Creo que no es la primera vez que, en el marco del texto éste, se utiliza la expresión “nulo de pleno derecho”. La nulidad es una categoría excepcional, que implica la ineficacia total de cualquier acto, entre otros motivos por ser frontalmente contrario a las normas imperativas; es la sanción principal que el Derecho impone a todo aquello que suponga la vulneración del mismo. En este caso, bien podría haberse dicho que los tratados quedaban sin efecto o en suspenso hasta su posterior ratificación pero desde luego, es muy desafortunada (como todo en esta chorrada en fascistículos) la referencia a la categoría de la nulidad de pleno derecho.
    En el segundo párrafo queda patente que la mentalidad del redactor trabaja con unos parámetros excesivamente regionalistas: ¿por qué los tratados de amistad sólo podrán ser con los países vecinos que, además, pertenezcan al continente africano? ¿Por qué se deja de lado a otros continentes, cuya vinculación histórica y cultural es tanto o más importante que la geográfica? En estos tiempos de globalización, esa visión tan restrictiva del mundo que nos rodea queda un tanto trasnochada.

    Art.123).- Para que la República Federal se vea obligada a respetar y a comprometerse con Tratados Internacionales, dichos tratados deben ser aprobados obligatoriamente por la Asamblea Nacional Legislativa con los tercios de sus miembros y si se refieren a derechos y obligaciones de ciudadanos canarios residentes en terceros países, deberán también, obligatoriamente, contar con la aprobación del Senado por simple mayoría. Dichos tratados no irán nunca contra la Constitución o alguna de sus cláusulas o contra la integridad de la Nación y sus fronteras o contra otro estado africano. En los Tratados Internacionales firmados se incluirá siempre una cláusula por la cual las partes se obligan a decidir sus divergencias por las vías pacíficas aceptadas internacionalmente o previamente convenidas por las partes. Los Convenios Internacionales que celebre el Gobierno y apruebe la ANL deberán ser aprobados por una Ley Especial para que tengan validez, y si no fuere improcedente, se incorporará una cláusula según la cual las dudas y diferencias que puedan surgir entre dichos contratos y que no llegaren a resolverse amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, en conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones posteriores extranjeras.

    En la Constitución Española, la ratificación a través de la aprobación por el legislativo de los tratados internacionales, implica la adaptación del Derecho interno a los mismos. Así, la firma del Tratado de Mastrique implicó la necesidad de modificar algunas normas constitucionales para introducir el reconocimiento de determinados derechos políticos a los ciudadanos comunitarios residentes en España. En el proyecto de constitución de la república independiente de la casa de Cubillo (geniales, los amigos de Canarias Bruta al parir esta expresión) es al revés del pepino: dada la vocación de perpetuidad del texto, todo lo que se pueda firmar con otros Estados queda profundamente limitado. Lo que es de auténtica risa es la imposición de que los casos de “dudas y diferencias” sean resueltos por los tribunales canarios, en lugar de hacerlo a través de arbitraje internacional o comisiones paritarias. Este precepto supone tanto como decir que en caso de divergencia entre las partes de un contrato, la interpretación del mismo quedará al arbitrio de una de ellas (cosa que, por cierto, prohíbe expresamente nuestro Código Civil). Pocos tratados firmaría el Bananato cubillista, o caso de firmarlos, el otro Estado se guardaría muy mucho de dar por buena una cláusula tan potencialmente perjudicial. Pero no vamos a quitarle a este buen señor la ilusión de creer que alguien puede tragarse semejante cuento.

    Art. 126).- Es del interés de la República Federal Canaria que se mantenga la entrada libre de turistas o la regulada de visitantes extranjeros o que vengan a trabajar o por asuntos familiares, siempre que haya reciprocidad entre los países o entidades internacionales como la UE y se tenga respeto absoluto del Pasaporte Republicano Canario, con entrada libre y sin visado basado en el principio de reciprocidad. Sin embargo, todos aquellos viajeros que lleguen a Canarias deberán respetar las formalidades de nuestras fronteras aéreas y marítimas, así como las normas exigidas y el tiempo que se les autorice de estancia en el país en el visado correspondiente. Para aquellos viajeros de terceros países con quien no se tengan acuerdos de reciprocidad, será necesario el correspondiente visado temporal de estancia.

    Éste es otro de esos preceptos en los que no se sabe qué quería decir el redactor. ¿Qué es el respeto absoluto del PRC? ¿Cómo se respeta un pasaporte? Si lo que se buscaba era una regla de reciprocidad, ya está puesta como tal. Si se busca la libre circulación (tal y como sucede ahora en la Unión Europea), un documento identificador estilo DNI ya sirve. Es de suponer que, por motivos evidentes, se anuncia que el cambio de estatus de las islas no supondrá un cierre total de las fronteras (sólo faltaba, porque nos acabaríamos comiendo los teniques y las tuneras), pero visto el tratamiento que los extranjeros van a tener, este precepto parece decir “puede usted entrar, pero ojito, que le estaremos vigilando”.

    Art. 128).- Sin la aprobación de la A.N.L., no podrá celebrarse ningún contrato público de interés nacional. No podrá, en ningún caso, procederse a otorgamiento o concesión de hidrocarburos u otros recursos naturales o implantar empresas extranjeras sin que la A.N.L. los apruebe a los dos tercios de sus componentes. Si un estado federal plantease su necesidad por considerarlo necesarios para el desarrollo de la isla, deberá informar al gobierno federal, el cual lo pasará para su estudio a la ANL o a la Comisión permanente, la cual emitirá informe y, si es favorable, se pasará a votación para su aprobación, para lo cual se requerirá la mitad más uno de los votos y el visto bueno imprescindible del Presidente de la República.

    Aquí tenemos otra muestra más del inmenso poder que atesora el Jefe del Estado, a la hora de dirigir el chiringuito: las concesiones de contratos públicos pasan por el visto bueno imprescindible (sic) del Presidente, lo que viene a decir que su voto y peso valen tanto como el del legislativo. Nada escapa, en definitiva, al ojo vigilante del mandamás, concentrando en sí otra facultad tan importante como la bendición de los acuerdos vinculados al interés general. Las barreras entre el legislativo y el ejecutivo se diluyen aún más, contradiciendo el espíritu básico de todo Estado de Derecho. Cierto es, que uno de los males principales de las democracias es la dificultad de mantener a los tres poderes en equilibrio entra la independencia y la interdependencia, pero cuando se pasa olímpicamente de la cuestión y se bendice por escrito la institución de un Jefe de Estado que reúne tanto poder como monarca absoluto, es evidente que sea lo que sea esto, no es la norma constituyente de un país democrático.

    Art. 129).- La República Federal Canaria, en tanto que ex colonia de un Estado europeo, por este hecho, automáticamente entrará a formar parte de los Países ACP (África-Caribe-Pacífico), sin que sea necesario el acuerdo de la A.N.L. Bastará la solicitud del Gobierno Republicano a la dirección de la Convención de Lomé, sede de los ACP. Dentro del desarrollo de la política panafricanista de la República, el Gobierno se adherirá a todos los acuerdos suscritos entre los países africanos de las zonas económicas del Oeste africano y aquellos acuerdos que desarrollen los fines de unión panafricanista, ya sean de tipo cultural o económico. El gobierno buscará establecer en lo comercial políticas de trueque de materias primas africanas a cambio de productos canarios o fabricados en Canarias o ayudas de otro tipo, ya que el continente africano, al cual pertenecemos, es el continente más rico en materias primas del mundo.

    Aquí aprovecha don Antonio para intentar adoctrinar un poco a la masa acerca de nuestras “auténticas” vinculaciones. Cierto es, que por proximidad geográfica estamos más cerca de África que de cualquier otro continente, y no es menos cierto que deberíamos dejar de mirar de espaldas a nuestros vecinos. Otra cosa es este extraño panafricanismo que pretende construir micer Cubillo, basado en aspectos culturales (de ahí lo de obligar a las universidades a tener estudios de egiptología y de estudios de población, un poco al estilo de la Anneherbe himmleriana, que iba por el mundo intentando demostrar que todos los pueblos chachis o, al menos sus mandamases, eran indogermánicos rubios y grandotes). Y la cuestión económica y el trueque pues ¡qué quieren que les diga! Puede que África sea el continente más rico del mundo en cuanto a materias primas, pero cuestión bien distinta es que sus titulares estén por la labor de darlas a cambio de lo que hoy por hoy puede ofertar nuestra economía, que no es mucho. ¿Pretenderá cambiar los fondos europeos por fondos africanos? ¿O será este panafricanismo de vía estrecha una forma de gorronear al vecindario para que mantenga el chiringuito particular que pretende montarse don Antonio?
    Después de una serie de diatribas, acerca de cómo funcionan las cámaras parlamentarias y sobre lo que constituye el territorio de la república, termina el presente fascistículo con un último precepto que no tiene desperdicio:

    Art. 146).- Si una vez constituidas las Cámaras o el Consejo de Ministros se recibiera denuncia pública firmada por más de mil ciudadanos o ciudadanas contra alguno de sus miembros, por haber trabajado y colaborado con el colonialismo o luchado contra la independencia o impedido de alguna manera el proceso de la autodeterminación o la recuperación de los justos y legítimos derechos nacionales del pueblo canario, se abrirá la correspondiente comisión de investigación y, tras la vista del inculpado para oírle declaración en público, así como los testigos, si resulta informe acusador y no haya causa que favorezca su actitud, será separado de la Cámara.

    Ole y ole. Si ya el acceso a los cargos gubernamentales era bastante restringido a los afines, ahora se saca de la manga un procedimiento de purga de disidentes que haría aplaudir al mejor inquisidor. Para empezar, se establece una sanción limitadora de derechos con efecto retroactivo, ya que se castiga a personas por haber hecho algo que, cuando se hizo, no estaba sancionado. En segundo lugar, volvemos otra vez a lo de siempre: ¿qué hay que entender por “luchar contra la independencia” o “impedir el proceso de autodeterminación”? ¿Haber militado en partidos que no creían en esas vías? ¿Haber ejercido cargos en la administración estatal, autonómica, insular o local? ¿Criticar las barrabasadas que cada dos semanas coloca don Antonio en el periódico? Las acciones a castigar son tan abiertas que pueden interpretarse de muchas maneras, lo que conlleva una situación de indefensión. Si luego vemos en base a qué reglas se sustancia el proceso de acusación y defensa, se comprueba que lo único que hay es una parodia del mismo, donde las garantías básicas brillan por su ausencia.
    Porque curiosamente, después de ocho fascistículos, el antiproyecto constitucional de la República Independiente de la casa de Cubillo carece de una declaración de derechos fundamentales y libertades públicas digna de ese nombre. Si van ustedes a la Constitución Española, verán los artículos 14 a 29 y 30 para la objeción de conciencia. Cosas tan básicas como la igualdad, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de prensa, aparecen reconocidas (que no concedidas) en esos preceptos, que se hallan en una de las partes de la carta magna que es más difícil reformar. Esa es otra de las bases de un Estado de Derecho digno de ese nombre. En su Art. 24, se reconoce el derecho a un juicio justo, con las garantías procesales oportunas, algo que en ese proceso sumarísimo de masa acusadora y presunción de culpabilidad, no existe. Visto lo visto, cada vez que termino la lectura de esta paranoia bimensual, me acuerdo de una pintada que estaba en la calle Heraclio Sánchez, enfrente de la Librería Lemus, y que dice “¡Viva Canarias libre de fachas!” Que así sea.


    Enviado por lcapote a las 17:26 | 0 Comentarios | Enlace


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