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    Inicio > Historias > Legalidad, seguridad jurídica y política
    Legalidad, seguridad jurídica y política 2008-08-09

                Hace unos días me encontré en la edición digital de La Vanguardia con las siguientes declaraciones del Presidente de Bolivia, Evo Morales: "Cuando algún jurista me dice: ´Evo te estás equivocando jurídicamente, eso que estás haciendo es ilegal´, bueno yo le meto por más que sea ilegal. Después digo a los abogados: ´si es ilegal, legalicen ustedes, ¿para qué han estudiado?´", dijo el propio Morales en Cochabamba. Además, admitió que "por encima de lo jurídico, está lo político". Sorprendente en boca del máximo mandatario de un país democrático, inadecuado desde el punto de vista jurídico y peligroso si se generaliza.

     

                En honor a la verdad, no hay que irse tan lejos para encontrar pensamientos similares. La idea de que “lo político” (definible como intereses de partido, de colectivo o individuales) esté por encima de “lo jurídico” es lo que ha movido a los artífices del pelotazo urbanístico, el fraude fiscal y otros tantos comportamientos. La idea de hacer legal o ilegal y cambiar retroactivamente las reglas del juego es lo que subyace cuando alguien habla de reforma el Código Penal para conseguir que el asesino de Juana Chaos entre otra vez en la trena, sin tener en cuenta que, en un Estado de Derecho, las normas punitivas no pueden tener nunca efectos retroactivos. El problema es que, rara vez, esos pensamientos se expresan de viva voz, como bendición de la política del “todo vale”.

     

                Siguiendo con el ejemplo del Presidente Morales, no hay que olvidar nunca que es un dirigente elegido democráticamente. Pero igualmente hay que recordar que ganar unas elecciones (y esto vale para quienes ocupan las distintas magistraturas del poder) no son un cheque en blanco para hacer los que le venga en gana. La referencia al “pueblo soberano” no puede ser excusa para intentar zafarse de las responsabilidades judiciales, como se ha visto en años recientes a nivel municipal en España. Porque una de las grandezas del Estado de Derecho (desde su vertiente liberal hasta la actual, social y democrática) es que gobernantes y gobernados están sometidos al imperio de la Ley, siendo ésta expresión de la voluntad popular. Ya no existe un soberano y sus súbditos, sino una ciudadanía, aunque en la práctica veamos muchos ejemplos de que el sillón de gobierno es una buena trinchera para intentar escapar de las responsabilidades. Cuando un edil se sienta en el banquillo de los acusados se habla de que la corrupción campa por sus respetos y de que con el innombrable estas cosas no pasaban. Todo lo contrario: esa imagen es signo y cifra de que las instituciones, mal que bien, a trancas y barrancas, funcionan, al igual que el Estado de Derecho.

     

                Colocar la política por encima de las reglas del juego, cambiarlas a mitad de la partida para que se adapten a lo que uno quiere, es un rasgo propio de gobernantes de corte autoritario y, en casos extremos, de iluminados convencidos de su infalibilidad. Las normas jurídicas no son perfectas y su eficacia y utilidad se mide en la medida en que resuelven el problema para el que fueron creadas. Su reforma requiere también respetar las propias reglas que dan a la ciudadanía la seguridad de que sus integrantes siguen jugando conforme a las mismas. Hay un principio jurídico general que dice que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento, pero eso lleva como contrapartida que las mismas sean aprobadas, publicadas y publicitadas para que el pueblo pueda conocerlas. Si de buenas a primeras lo ilegal se hace legal o lo legal ilegal, haciendo que las reglas tengan efectos retroactivos (esto es, aplicándose a situaciones previas a su entrada en vigor) se pierde por completo esa sensación de seguridad. De igual forma, por mucho que duela ver a un genocida convicto, confeso e irredento como de Juana Chaos en la calle, no podemos olvidar que fue juzgado y condenado conforme a unas reglas, que ha salido de prisión en aplicación de esas reglas. Si las normas penales han dado ese resultado, quizá habría que sentarse a meditar sobre la conveniencia de su reforma y, en caso de producirse la misma, las nuevas reglas se aplicarán a aquellos actos que –típicos, antijurídicos, culpables y, según algunos, punibles- se produzcan después de su entrada en vigor, pero nunca a los perpetrados antes de esa fecha. Si se le da a las normas penales efecto retroactivo, ya no estaremos en un Estado de Derecho.

     

                Así pues, aunque haya ganado unas elecciones, el actual Presidente de Bolivia expresa una opinión que choca frontalmente con el Estado de Derecho y que, en consecuencia, no puede ser considerada democrática. Quizá, en lugar de insistirle a sus abogados para que hagan legal o ilegal, debería escucharles y reflexionar sobre lo que le dicen.

    Enviado por lcapote a las 17:01 | 1 Comentarios | Enlace


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    Comentarios

    1
    De: Teresa Fecha: 2008-08-10 13:05

    A ciertas izquierdas les gusta, efectivamente, cambiar las reglas 'burguesas' y quedarse a vivir en el poder.



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