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    Inicio > Historias > No es lo mismo, señora Ministra
    No es lo mismo, señora Ministra 2010-01-11

    Por la puerta falsa ha intentado colar el Gobierno una medida tendente a cortar por las bravas el uso de la Red, en aquellos casos en los que se haya hecho uso de la misma. Como en otras cosas, los valedores gubernativos del proyecto han hecho gala de una exquisita e ilimitada torpeza a la hora de sacar adelante una medida que sirve para dar cobertura a unos colectivos –o mejor dicho, a unos lobbies- que resultan bastante útiles a la hora de dar una buena imagen, bien en tiempos electorales, bien fuera de ellos.

     

                ¿Qué se pretende, básicamente, con este proyecto? Resumidamente, que el Ministerio de Cultura tenga la potestad de cerrar páginas en la Red sin que medie resolución judicial. Posteriormente, e intentando hacer una maniobra de distracción, se ha introducido una intervención judicial que, sorprendentemente, tiene más de maquillaje cara a la galería que de intervención real. ¿Dónde queda, en definitiva, el derecho a la justicia del que habla el artículo 24 de la Constitución Española?

     

                Siempre me ha resultado escandaloso el nivel de servilismo que los sucesivos gobiernos españoles han tenido hacia unos colectivos minoritarios, a la hora de introducir elementos tan vergonzantes como el canon (que, siendo por copia privada se ha establecido para cualquier elemento que potencialmente pueda albergar información) pero en este caso, la situación empieza a bordear lo demencial. Las justificaciones que se han dado son jurídicamente analfabetas (véanse aquí unas cuantas, http://www.filmica.com/david_bravo/archivos/010302.html o aquí, http://www.contencioso.es/2010/01/06/del-intolerable-parcheo-de-un-reglamento-ilegal-contra-las-descargas-ilegales/) pero una de las que más me ha llamado la atención es la de la actual Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde Reig, que ha comparado el cierre de las páginas con enlaces a p2p con el que se hace con aquéllas que venden medicamentos falsificados. No es la primera vez que se hace un silogismo así en este tema, pero habría que aclarar que:

     

                En la cuestión de los medicamentos está en juego un derecho fundamental, contenido en el Art. 15 de la Constitución Española, según el cual todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral.  En la cuestión de las descargas ilegales, entra en danza el derecho a la propiedad, regulado en el Art. 33 de la Carta Magna, en base al cual se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Una mirada al articulado indica que la propiedad no es un derecho fundamental y, consecuentemente, no está al mismo nivel que el anterior. Por cierto, que el Art. 24 recoge que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. Es el derecho a la justicia, que sí es un derecho fundamental y consecuentemente entra dentro del apartado de derechos reconocidos e inherentes a la condición humana. Con ese borrador, el Gobierno pretende situar un derecho básico por debajo de un derecho económico o, mejor dicho, por debajo de los intereses de unos pocos. En caso de salir adelante, el recurso de inconstitucionalidad parece más que cantado y si, como en otros casos, la parcialidad práctica del garante del equilibrio e intérprete auténtico de la Constitución sale a la palestra, la cosa puede llegar a Estrasburgo.

     

                ¿Están indefensos los creativos ante la Red? Rotundamente no. Hay una legislación en la materia que, a través del Art. 270 del Código Penal, sanciona la vulneración de los derechos de propiedad intelectual. Hay una normativa civil que permite al autor y a las entidades gestoras reclamar por las invasiones ilegítimas contra los intereses propios. Pero no es bastante, y han querido que manu militari, un comité ad hoc donde tengan voz y voto ellos mismos decida por su cara bonita clausurar una página. Actitudes y proyectos como éstos hacen que uno se recuerde que el socialismo, el progresismo y demás elementos propios de la izquierda tienen su frontera en la cartera de algunos. Los valedores del proyecto quieren que el Gobierno les haga el trabajo, sin necesidad de mediar denuncias ni gastarse los cuartos en abogados y procuradores. Ni Juez, ni juicio, ni sentencia condenatoria. Que, por cierto, en casos de extrema gravedad existen las medidas preventivas que permiten dejar en suspenso una situación, y de hecho se han usado en varios casos. ¿Cuál ha sido el problema, probablemente? Alguien argumentó que los Jueces no sabían aplicar el Código Penal, quizá queriendo indicar que los sucesivos palos que han caído a las entidades gestoras en forma de sentencias contrarias a sus peticiones habían forzado esta medida que, caso de convertirse en Derecho positivo, supondrá un grave recorte de las libertades y probablemente, cargará al ordenamiento jurídico con una normativa inútil. Con mimbres como éstos, es muy difícil convencer a una sociedad que tiene metido en el cráneo el concepto de “si me dejan es que puedo” de que el autor tiene derecho a retribución por el uso de su creación. Por otra parte, da por buenos los peores temores surgidos hace nueve meses, cuando el Presidente Rodríguez Zapatero nombró como Ministra de Cultura a González-Sinde Reig, antigua Presidenta de la Academia de Cine y con una postura claramente parcial en el tema. El resultado final ha determinado que la imagen del séptimo arte y sus profesionales en nuestro país sea cada vez peor. Veremos en qué para la cosa, pero no estaría de más que algún asesor con cierto conocimiento jurídico indicara a la Ministra que no puede comparar los intereses de su casta con la seguridad sanitaria. Aunque por otro lado, si ésos son los mejores argumentos que tienen, queda patente cuál es el valor y la utilidad reales de la medida propuesta.

    Enviado por lcapote a las 02:18 | 2 Comentarios | Enlace


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    Comentarios

    1
    De: rvr Fecha: 2010-01-11 11:50

    Sobre lo que comentas de la ministra, ¿no linda con lo delictivo que como Ministra use su cargo para beneficiar a un sector en el ha trabajado y quizás todavía tenga intereses? Hay un vídeo de Carlos Pumares en el que acusa a la ministra de corrupción, aunque sin utilizar directamente estas palabras (diciendo que probablemente todavía sea socia de la SGAE).



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    De: Luis Javier Capote Pérez Fecha: 2010-01-11 12:06

    Uno de los motivos esgrimidos para justificar la animadversión generalizada que ha producido el nombramiento de González-Sinde Reig ha sido una presunta vulneración de la normativa en materia de incompatibilidades. Corrupción es una palabra bastante fuerte, pero evidentemente, la mujer del César no solamente ha de ser honrada, sino además parecerlo. De todas maneras, en esto llueve ya sobre mojado, porque en la época de Pilar Miró se cambió el sistema de subvenciones al cine español y también hubo polémica por el hecho de que la cineasta fuera precisamente eso.



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