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    Inicio > Historias > Luchas, lamentos y responsabilidades
    Luchas, lamentos y responsabilidades 2011-12-31

    La universidad española se halla inmersa desde hace varios años en el convulso proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior –lo que coloquialmente se conoce como “Bolonia”- . A los avatares de un proceso cuyo resultado está por ver aún, se ha sumado una crisis económica que ha supuesto la necesidad de hacerlo todo no ya a coste cero, sino con graves restricciones que amenazan la calidad de la educación pública en general.

     

    En el caso de la titulación de Derecho, el proceso de adaptación (profundamente contestado, ya que países como Alemania o Italia no han incorporado una disciplina marcada por el carácter nacional al espacio de educación superior) se ha cruzado en el camino de un conflicto mucho más antiguo, relacionado con el acceso a la abogacía (y en menor medida, a la procuraduría). Desde hacía casi un siglo, los colegios profesionales venían reclamando el establecimiento de un sistema de acceso que sustituyera a la colegiación directa. Ambos procesos han confluido y casi podría decirse que han chocado.

     

    En el caso de los estudiantes que acceden ahora a la titulación, asumen de antemano que la reducción de cinco a cuatro cursos tiene la contrapartida de un master oficial posterior, pero ¿qué ha sucedido en el caso de quienes aún cursan la licenciatura? La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales vino a establecer la exigencia de una formación posterior a la titulación y de un examen, cuando el “proceso Bolonia”  todavía estaba en proceso. La ley venía a suponer el punto culminante de aquella vetusta aspiración colegial, eternamente contestada por quienes estaban –estábamos- en cada momento en los últimos años de carrera. En esta ocasión, la estrategia vino dada de la mano de un período de vacatio legis bastante amplio (cinco años) y en la necesidad de un reglamento de desarrollo que era necesario para poder organizar los estudios previos a la prueba. Era pues, un horizonte muy lejano para quienes entraban aquel año en la carrera y para quienes ya estaban en ella. Mas, como decía una antigua compañera, también en Hong Kong veían muy lejano el 1 de enero de 1997 y el regreso a China, y esa fecha llegó (y pasó, por cierto, hace quince años). La fecha fatídica llegó, así como un reglamento que después de múltiples versiones apareció sobre el toque de campana y convirtió aquel horizonte hipotético en una realidad palpable. No sería éste el último revés, porque para los másteres oficiales se ha establecido la exigencia de tener un nivel de idioma extranjero bastante elevado (B1 dentro de la escala lingüística). En conclusión, las personas que se licencien a partir de ahora se encuentran con el agravio comparativo de que por una cuestión de fechas legales, tienen que pasar por una serie de exigencias que no son aplicables a quienes se licenciaron antes del pasado 1 de noviembre. Unos pocos meses marcan la diferencia entre la colegiación directa y la exigencia de un posgrado y un examen de estado. Tocar el cielo con los dedos y quedarte a las puertas del mismo es con diferencia una situación frustrante.

     

    La situación plantea el problema de crear un agravio comparativo entre personas que tienen la misma titulación. Las personas afectadas –no todas y no tantas como hubiera sido deseable, en palabras de algunos participantes más activos- se han movilizado para poner el dedo en la llaga sobre la comparativa. En respuesta, se ha esgrimido la exigencia de una imposición del entorno europeo, reforzada por una campaña que se ha reflejado en la socorrida invocación al interés social, concretada en una encuesta que curiosamente se ha publicado con las voces críticas empezaban a sonar más fuerte. Luego se cruzó la campaña electoral y algunos candidatos escucharon la petición de sincronizar la exigencia del posgrado y el examen con la extinción de los planes de estudio anteriores a Bolonia. Alguna promesa electoral se deslizó, aunque previamente solo una pregunta parlamentaria de Gaspar Llamazares (que de vez en cuando acierta y todo) meneó un poco el ambiente. Las últimas esperanzas se van desvaneciendo conforme pasan las semanas y se presentan los primeros proyectos de máster.  Las distintas instituciones van dando carpetazo al asunto, dándole ya el marchamo de inalterabilidad. ¿Qué queda después de todo esto? Me temo que la parte de la resignación y también la petición de responsabilidades.

     

    En el perfil caralibrero de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna aparecen algunas críticas sobre el particular. Las redes sociales tienen una función de altavoz que permite que las opiniones lleguen más lejos, pero supone igualmente otra función, la de expositor y ofertorio a las “opiniones sobre la opinión vertida”. Por lo que a la Facultad se refiere, las críticas principales que se le achacan son la sujeción a los dictados de Bolonia, el abandono de las titulaciones en vías de extinción y, no en las redes pero si en otros ámbitos, la acusación de falta de información y la responsabilidad por la imposición del malhadado máster. Personalmente, como miembro de la comunidad académica leer esas manifestaciones me hace sentir invitado a una necesaria reflexión sobre mi responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva de la propia comunidad que es la Facultad de Derecho.

     

    Lo primero que hay que tener en cuenta es la referencia a “la Facultad” o “la Universidad” como si fuera un ente abstracto y, más grave, ajeno a la propia persona. La institución no es nada fuera de las personas que la componen: profesorado, alumnado y personal de administración y servicios. Además, las leyes universitarias de la democracia introdujeron cambios en el gobierno y dieron a cada sector una cuota representativa que, actualmente, corresponde a la regla 60-30-10 en cuanto a porcentajes. No existe, en definitiva, una responsabilidad de “la casa”, sino de las personas que formamos parte de la misma en cada momento.

     

    Lo segundo es que el proceso de Bolonia ha sido algo que ha venido dado desde más allá de los límites de las universidades y hasta de los Estados. “Bolonia” es el nombre de una declaración, fechada en 1999 y situada en la ciudad con la universidad europea más antigua en activo, donde se planteaba la necesidad de alcanzar un espacio europeo en la educación superior, así como se trabajaba en tener uno en otros ámbitos como el financiero o el profesional. La forma en la que cada Estado ha afrontado el proceso ha dependido de los Gobiernos implicados en el procedimiento. Por el camino se han cruzado batallas más antiguas como las competencias y cualificaciones profesionales, los dimes y diretes entre técnicos y superiores y, en el caso que aquí se trata, las reclamaciones de la abogacía y la procuraduría colegiadas. Asuntos que no estaban en principio relacionados han acabado incorporados a “Bolonia”.

     

    En la parte de los nuevos planes de estudios, que tienen aspectos buenos como también los tienen malos, se empezó a oír hablar del asunto a principios de la década pasada. En 2002, se culminaba un plan de estudios para la Licenciatura en Derecho que nunca vería la luz, porque ya se anunciaba la llegada de los “planes europeos” y de la “convergencia europea” (la cual ha resultado ser un tanto divergente, a la vista de los resultados, al menos en España). Desde esa fecha, el Decanato organizó jornadas de reciclaje del profesorado y ya los ponentes advertían que la reforma no solamente requería un cambio de mentalidad por nuestra parte sino además, fuertes inversiones para adaptar unas infraestructuras pensadas para un modelo docente distinto. Sin la confluencia de todos los factores, la reforma educativa, como tantas otras en este país, estaría condenada al fracaso. En 2005, un grupo de profesores inició una experiencia piloto de docencia según los criterios del EEES, la cual se prolongó durante los cursos posteriores hasta la introducción de los planes de Grado. La conclusión principal era que el “plan Bolonia” implicaba mucho más trabajo, pero también aportaba mejores resultados, siempre y cuando el número de estudiantes no superara una masa crítica en la forma de ratio máximo de ochenta personas por cada docente (en realidad, los teóricos del asunto decían que no debía haber más de veinticinco). Mientras, el proceso de reforma continuaba y tras las normas estatales llegaron las autonómicas, que clarificaron un poco más qué modelo de nuevas titulaciones se pretendía, teniendo como horizonte una fecha según la cual ya no podrían darse los primeros cursos de las titulaciones a extinguir. Una vez “Bolonia”, la declaración, se traspasó al Derecho positivo, se convirtió en algo de obligado cumplimiento.

     

    Por su parte, en 2006 la abogacía española conseguía por fin que, en la forma de Derecho positivo, se estableciera la exigencia de un examen de estado y una formación previa, en los términos ya comentados. Las protestas tradicionales se acallaron con una vacancia legal bastante elevada (cinco a siete años). La necesidad de un reglamento que no terminaba de llegar contribuyó a adormecer las alarmas, hasta que ya fue tarde. Las evoluciones del asunto eran motivo de debate en los encuentros decanales de las Facultades de Derecho y en las sesiones de la junta de la Facultad. El tema dio para encuentros con profesionales, con los colegios (que, muy en su papel en el caso de los implicados, defendían a capa y espada la ley) para unos cuantos debates improvisados en clase… hasta que el reglamento llegó y a uña de caballo universidades y colegios tuvieron que ponerse las pilas.

     

    ¿Falto información? Aquí tengo que mojarme y tengo que decir rotundamente que no. Tirando de hemeroteca (que siempre está bien guardar “los papeles”) recuerdo a vuelapluma tres encuentros donde el tema central era precisamente “Bolonia y el acceso a las profesiones” de los que se pueden encontrar referencias en la página de la Facultad. Hablando con compañeros sobre el particular, descubro que el tema del máster había sido objeto de debate en otras asignaturas, en otros cursos, en otras clases. ¿Podía haberse hecho más? Seguramente sí, pero cuando en algunos de los eventos no había más de dos personas, tengo que confesar que se quitaron un poco las ganas de tener ganas.

     

    Ahora que ya voy acercándome a esa edad, antaño fatídica, de la cuarentena, me planteo si no es signo de vejez empezar a hablar de “en mis tiempos”, pero es que en mis tiempos, cuando Internet era algo aún desconocido y era yo estudiante de Cuarto, la información discurría por canales analógicos y, ante la hipótesis de la imposición de un período de pasantía, los que andábamos en los últimos años de carrera nos lanzamos a protestar, gritando aquello de “pasantía pa tu tía” y demás consignas que han ido pasando de generación en generación. Unos años después, me recordaba el otro día mi amigo Jonay, él, que desde el primer día quiso ser abogado, se informó hasta que supo que la amenaza seguía presente y también se lanzó a la protesta. Comentando estas batallitas del abuelo cebolleta, concluíamos que nuestros barcos ya habían zarpado hacía tiempo y que era el turno de otros para lanzarse a la palestra y luchar por sus derechos. Algunos lo han hecho y han logrado exponer su caso ante varias instancias, aunque con resultado infructuoso y siempre preguntándose por qué no hay más personas que tomen la iniciativa o que secunden las que ya están. ¿Ha pasado igual en otros centros de enseñanza jurídica?

     

    Pienso en la situación y me vienen a la mente otros derechos que se están recortando, partes de un estado de bienestar que se va reduciendo a ojos vista, y nosotros, la sociedad, permanecemos pasivos sin alzar la voz. Lo que no se lucha cada día se pierde, quizá para no ser recuperado nunca.

    Enviado por lcapote a las 21:34 | 0 Comentarios | Enlace


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